Fuente: lamarea.com / Actualizado: 17/10/13
El Congreso de los Diputados comenzará a tramitar este jueves el Proyecto
de Ley de Seguridad Privada impulsado por el Gobierno, que otorga a la
seguridad privada el papel de refuerzo de la seguridad pública.
La nueva ley establece que la seguridad privada sea subordinada,
complementaria y coordinada con la seguridad pública, así que agentes privados
realizarían funciones de control, bajo mando de los cuerpos policiales, en
lugares como los centros penitenciarios o los centros de acogida de
extranjeros.
Varios grupos parlamentarios han presentado enmiendas al entender que no
se puede dejar en manos de empresas privadas funciones que debería desempeñar
en exclusiva el sector público.
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural denuncia que el proyecto de
ley, tal como está redactado, “abre la puerta a la privatización de la
Seguridad Pública”. “Los argumentos de eficiencia y eficacia de las alianzas
público-privadas para resolver los problemas de seguridad (…) no difieren en
mucho a los ya esgrimidos para justificar las privatizaciones que están
llevando a cabo los Gobiernos del PP en Sanidad, Educación o Justicia”, señala
el grupo parlamentario de Izquierda Plural, que argumenta que no existe una
demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios por parte de la
seguridad privada.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó en abril de este
año que la reforma calificará a la seguridad privada como “submateria” de la
pública, y la considerará un recurso externo de los funcionarios de prisiones y
las fuerzas policiales. “El Gobierno pretende privatizar una gran parte de la
seguridad pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en
una especie de ‘Policía Privada’, lo cual es sumamente preocupante y muy
perjudicial para el Estado de Derecho”, denuncia Izquierda Plural, que alerta
que ello podría “traducirse en que tendrá seguridad quien pueda pagársela”.
Vigilantes privados en cárceles
El PSOE también presentará una enmienda al texto al considerar que los
vigilantes privados no deberían realizar tareas de control perimetral en
prisiones o centros de acogida de extranjeros. “La vigilancia en esos espacios
concretos tiene que seguir siendo exclusivamente pública”, declaró el diputado
socialista por Asturias Antonio Trevín, quien defendió que deben ser los
funcionarios de prisiones, la Guardia Civil y la Policía los que sigan
efectuando esa labor.
El secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Asturias, Ramón
Rodríguez Prendes, denunció en septiembre que el pasado mes de abril ya
comenzaron a trabajar vigilantes privados en cárceles, bajo el argumento de que
eran puestos de trabajo para los escoltas del País Vasco que se habían quedado
sin empleo. “No se puede comparar la formación de un agente de la Guardia Civil
con la de un vigilante privado”, sostuvo Prendes.
La Izquierda Plural también destaca que las prerrogativas para las
empresas privadas que contiene el proyecto de ley se verán ampliadas, lo que
implicará un aumento del control social que el grupo considera “absolutamente
injustificable”. “En el binomio de libertad-seguridad, siempre inestable, se
descompensa de nuevo hacia la seguridad, entendida como mayor represión”, indica.
El proyecto de ley también instaura la protección* de “agentes de la autoridad” para los empleados privados, y amplia los servicios de vigilancia en espacios públicos.
