El Gobierno ha
autorizado hoy la contratación de más de 800 vigilantes privados destinados a
reforzar la seguridad exterior en las 67 cárceles españolas, con un coste de
unos 33 millones de euros.
La medida ha sido aprobada por el Consejo
de Ministros tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en
21 centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de
vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión
y control de accesos.
Según el Gobierno, el contrato afecta a 67
prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de
doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende
optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al
establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y
cualidades del personal, "obteniendo un alto grado de seguridad con los
medios disponibles".
Además, se compensa la falta de personal
de las fuerzas de seguridad del Estado debido a la disminución de la oferta
pública de empleo, y se destina el mayor número de estos a la realización de
funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de
los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
El Gobierno sostiene que hay tareas en la
vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por
vigilantes de seguridad, si bien siempre bajo la supervisión y el control de la
Guardia Civil y la Policía Nacional como responsables de la seguridad de cada
centro.